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Trabajando por la paz – El Estado de Derecho y sus enemigos (Primera Parte)

Por Ivan Espino Pichardo

El estado de derecho representa la sumisión del estado al derecho, a una norma suprema que delimita su actuación. En otras palabras, el estado de derecho comprende tres dimensiones: 1. La actuación de la estructura gubernamental en el marco de una norma suprema. 2. El establecimiento en una norma suprema la división de poderes, para el equilibrio de éstos, imposibilitando que las decisiones de una nación o un estado recaigan en una sola persona o en un mismo grupo de personas, y 3. La proclamación de derechos fundamentales que a toda persona se le debe garantizar por su simple calidad de ser humano.
En el caso de México, la estructura gubernamental está supeditada a lo que prevé la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, norma suprema que controla todo el sistema jurídico, esto es, toda legislación, acto u omisión por cualquier autoridad, debe realizarse conforme a la Constitución –entendiendo esta última desde el nuevo paradigma de derechos humanos: como un bloque de constitucionalidad que trae inserto todas las normas relativas a derechos humanos de las que México es parte- ello, con la finalidad de asegurar un control supremo en el que se garanticen el objeto de la Constitución misma.
Ahora bien, el hecho de que sea la Constitución la figura que proteja los abusos de la autoridad o las omisiones de ésta ¿Podrá ser la propia norma suprema la que legitime actos u omisiones de autoridad, lacerantes del bienestar de las personas? Este planteamiento es natural, cuando se revisa el dato que desde la promulgación de la gran reforma Constitucional de 1917, se ha modificado nuestra máxima ley 699 veces; no obstante a ello, su espíritu de protección a los derechos fundamentales se ha extendido (reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, artículo 1º), ha permitido un mayor control entre poderes (reforma en materia de amparo del 6 de junio del 2011, que da lugar a la nueva Ley de Amparo, que entre otras figuras contiene la “declaratoria general de inconstitucionalidad”) y ha permitido una mayor protección a la soberanía de los estados frente a la federación y viceversa (reforma en materia de amparo del 6 de junio del 2011, artículo 103 Constitucional).
Es el propio artículo primero Constitucional, que mandata la aplicación de la norma bajo una interpretación, que conforme a la propia Constitución y a normas relativas de derechos humanos, protejan de la forma más amplia a las personas; esto es, las decisiones desde cualquier zona de la gran estructura gubernamental, deben tomarse con el objeto de proteger los derechos humanos que históricamente se han alcanzado, y que por dignidad, cada persona está revestida por el sólo hecho de ser humano. La universalidad de esos derechos (aplicación de los derechos humanos y el trato con dignidad a todas las personas que prevé nuestra Constitución), no implica el menoscabo de los derechos de otra persona, por el contrario, la noción progresista de una democracia, es la de resolver las legítimas diferencias o la presencia de conflictos, desde un punto imparcial que garantice el trato digno para todas las partes, que proteja a quien es inocente, que se repare el daño, y en caso de que haya lugar a una sanción ésta se dé bajo el principio de reinserción social y no de venganza.
En consecuencia, para que el Estado de Derecho no sea atacado y se eviten actos de autoritarismo, tendría que ser la gran estructura gubernamental y sus integrantes quienes crean firmemente en su importancia –ello obviando que tienen el conocimiento técnico y fino de lo qué es y para qué sirve-, de lo contrario, estaríamos frente a un enemigo de los derechos humanos y de la paz social.

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